Las mujeres mexicanas enfrentan un entorno laboral cada vez más adverso. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI muestran que la informalidad laboral se elevó a 54.9 % en agosto de 2025, lo que equivale a alrededor de 33.1 millones de personas sin prestaciones ni protección social.
En el mismo periodo, la tasa general de desempleo subió a 3.0 % de la Población Económicamente Activa (PEA), un aumento frente al 2.9 % registrado un año antes.
Para las mujeres, la situación exhibe retos específicos: aunque no siempre se presentan cifras actualizadas por género en todos los boletines, un informe reciente apunta que la participación económica femenina se sitúa cerca del 46 %, frente al 75 % de los hombres, lo que revela una brecha estructural persistente.
Este contexto significa que muchas mujeres se encuentran en condiciones de vulnerabilidad laboral: contratos informales, salarios bajos, horarios precarios y sin acceso a seguridad social. El impacto va más allá de un empleo: se trata de la autonomía económica, del desarrollo profesional, de la capacidad de planificar el futuro.
Para revertir esta tendencia, es clave impulsar políticas públicas que fortalezcan el empleo formal femenino, promuevan la igualdad en el mercado laboral y apoyen la transición de la informalidad a empleos con derechos. También resulta imprescindible ampliar servicios de cuidados compartidos y flexibilizar esquemas para mujeres que combinan trabajo remunerado y tareas de cuidado doméstico.