Un estudio regional que analizó más de 581,000 interacciones en redes sociales sobre 350 cuentas de mujeres en la esfera pública (políticas, periodistas, activistas) encontró que 162,159 interacciones tenían carácter violento. Ese mismo ejercicio muestra grandes diferencias por país: mientras en España el 12.1% de las interacciones fueron violentas, en México y Bolivia la proporción alcanza el 40%. El informe subraya que contextos preelectorales —como el vivido en México durante parte del periodo analizado— aumentan la violencia en línea contra mujeres con perfiles públicos. 
En el conjunto de modalidades documentadas —insultos, mensajes que subestiman capacidades, descalificaciones por género, amenazas, difusión de información íntima y campañas de desprestigio— México aparece con una alta presencia de mensajes que minimizan o desacreditan las capacidades profesionales de las mujeres, una forma de violencia específica contra quienes ocupan cargos públicos. Estas agresiones no son solo digitales: reproducen estigmas que limitan la participación política y profesional femenina. 
¿Qué pasa en Puebla?
Los datos locales confirman que la violencia digital contra mujeres es un problema real: en 2023, 26.6% de las mujeres usuarias de internet en Puebla reportaron haber sufrido ciberacoso, lo que sitúa a la entidad como la segunda con mayor porcentaje del país en ese tipo de agresiones. Investigaciones académicas y mapas de riesgo local también documentan casos de hostigamiento a periodistas, activistas y estudiantes universitarias, y alertan sobre la necesidad de protocolos de atención y reparación. 
Impacto real en las mujeres
La violencia en línea tiene efectos concretos: miedo, autocensura, daño reputacional y, en muchos casos, abandono de espacios públicos. Estudios y reportes regionales muestran que entre las mujeres afectadas por violencia digital hay un alto porcentaje que siente que su seguridad física está en riesgo y que reducen su actividad pública o profesional por temor. En el ámbito político, la violencia digital es una de las manifestaciones de la violencia política de género que ha forzado a candidatas y funcionarias a renunciar o moderar su actividad.