Durante una comparecencia en el Congreso local, la diputada del Partido del Trabajo Leticia Mosso Hernández afirmó que los diputados del estado reciben 300,000 pesos al mes por concepto de “gestión social”, además de su remuneración ordinaria, y mostró facturas que, dijo, comprueban donaciones y apoyos realizados con ese dinero.
La revelación de Mosso, quien dijo cobrar esas partidas desde hace siete años y exhibió comprobantes por aportaciones al sector salud, desató polémica inmediata y reavivó cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de recursos legislativos. En su declaración señaló que esos montos son “comprobables” con facturas, pero no especificó el origen presupuestal exacto de la bolsa.
En respuesta, legisladores de la fracción del PRI rechazaron que el monto sea un salario y solicitaron aclaraciones públicas.
Aseguraron que el salario neto de un diputado local es de 50 mil pesos mensuales (menos impuestos) y que los recursos adicionales corresponden a partidas para gestoría, actividades de comisiones y trabajo parlamentario, las cuales, dijeron, están sujetas a comprobación y auditoría. Sin embargo, no ofrecieron una cifra total que clarifique el alcance real de esas partidas.
La discusión pone en relieve dos asuntos puntuales: la opacidad en la clasificación y entrega de partidas para “gestión social” en los congresos estatales, que en la práctica pueden convertirse en montos de uso discrecional por parte de legisladores; y la falta de explicaciones públicas claras sobre el origen, la ruta financiera y los criterios de entrega y comprobación de esos recursos.
Expertos y exlegisladores citados en la cobertura policial y mediática señalan que, aunque existan comprobantes, la ciudadanía requiere mayor transparencia y fiscalización para evitar duplicidades o uso indebido de fondos.
Qué sigue: la petición pública de aclaración por parte de la oposición y la prensa, y la posibilidad de requerir información formal al Congreso de Guerrero y a la Unidad de Transparencia para conocer partidas presupuestales, mecanismos de entrega y registros contables que expliquen de dónde salen y cómo se ejercen esos 300 mil pesos mensuales, si efectivamente existen como entregas directas a los legisladores.