La confirmación oficial de la Suprema Corte sobre la plantilla de la Presidencia —que alcanza 103 personas adscritas a las unidades de la Presidencia— detonó el debate: ¿cómo hacer coincidente esa cifra con la retórica de “austeridad” y con los costos históricos de mantener a los equipos de los ministros?
Para poner la situación en perspectiva elaboramos una comparativa con datos públicos y estimaciones basadas en nóminas previamente difundidas:
* Tomamos como referencia pública un análisis que en 2018 reportó 742 colaboradores vinculados a los ministros con un costo mensual total aproximado de 44 millones de pesos —esa cifra sirve para estimar un costo medio por colaborador en la Corte. (44,000,000 / 742 = 59,299 pesos/mes por colaborador).
* El conteo más reciente de la Presidencia arroja que se tienen 103; la Suprema Corte además anunció un recorte del 40% en ese personal a partir de octubre, tras el escándalo.
* En cuanto al tamaño del Pleno, hay que recordar que la reforma judicial reciente modificó la estructura de la Corte (discusiones sobre 11 vs. 9 ministros según temporalidad); para la comparación usaremos el esquema histórico de 11 ministros (el cálculo es fácilmente ajustable si se prefiere la Corte de 9).
Comparativa económica (estimaciones)
1. Escenario “antes / tradicional” — 11 ministros con 3 asesores cada uno
• Asesores totales: 11 × 3 = 33 asesores.
• Costo mensual aproximado (promedio 59,299 $/mes por asesor): = $1,956,873 MXN/mes.
• Costo anual aproximado: = $23,482,480 MXN/año.
(Cálculo derivado del promedio histórico por colaborador citado arriba).
2. Escenario “ahora”
• Asesores totales (Presidencia): 103 asesores.
• Costo mensual aproximado (misma referencia promedio): = $6,107,817 MXN/mes.
• Costo anual aproximado: = $73,293,800 MXN/año.
(Estas magnitudes coinciden con reportes recientes que estiman 6 millones de pesos mensuales por la Presidencia, a partir de la nómina pública).
Los datos disponibles muestran que, aun bajo criterios conservadores, la presidencia de la Corte concentra hoy un costo en asesores que supera ampliamente lo que implicaría mantener equipos reducidos (3 asesores por ministro). Esa concentración de recursos alimenta el debate sobre austeridad, prioridades presupuestales y transparencia en la nómina del Poder Judicial. Las autoridades de la SCJN han anunciado recortes y ya están bajo escrutinio mediático; la pregunta pública es si esos ajustes serán suficientes y cómo se garantizará la transparencia en la reasignación de plazas.