La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán vulneraba derechos fundamentales al impedir que los apellidos compuestos formaran parte del nombre de niñas y niños, por lo que invalidó la reforma aprobada en 2024.
La resolución se dio tras analizar la Acción de Inconstitucionalidad 115/2024, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Decreto 747/2024, el cual modificó el artículo 40 de la ley local y estableció restricciones en la forma de registrar los apellidos en las actas de nacimiento.
De acuerdo con el análisis del Pleno, la norma impugnada interfería de manera injustificada en la vida privada y familiar, al limitar la libertad de madres y padres para decidir el nombre completo de sus hijas e hijos, un elemento esencial de la identidad personal.
La SCJN concluyó que prohibir los apellidos compuestos, como aquellos integrados por dos palabras, o restringir la manera en que se conforma el apellido carece de justificación constitucional y resulta una medida desproporcionada, ya que el Estado no puede imponer criterios arbitrarios sobre decisiones familiares.
Con esta determinación, las autoridades del Registro Civil en Yucatán deberán permitir el registro de apellidos compuestos, así como respetar la decisión de madres y padres en la asignación del apellido, garantizando el derecho al nombre y a la identidad, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La resolución tendrá efectos generales una vez publicada en los diarios oficiales correspondientes, dejando sin vigencia la restricción que había sido incorporada a la legislación estatal.