En México, el efectivo sigue siendo hegemónico, datos indican que para compras menores a los 500 pesos, alrededor del 90 % de las transacciones se realizan con billetes o monedas. Incluso en compras de mayor cuantía, casi ocho de cada diez siguen pagando en efectivo, mientras que los pagos con tarjetas o transferencias representan una fracción menor.
Aunque la población ha comenzado a adoptar más pagos electrónicos, la reducción del uso efectivo ha sido lenta. Sistemas como SPEI muestran un notable crecimiento, y los dispositivos de punto de venta y los métodos digitales cada vez tienen mayor presencia.
El escenario tiene aspectos positivos y negativos. En lo favorable, los pagos digitales pueden ofrecer mayor eficiencia, seguridad, trazabilidad y menores costos de manejo de efectivo tanto para los usuarios como para el Estado. Además, pueden facilitar transacciones más rápidas y promover inclusión financiera si se reducen barreras tecnológicas.
Por otro lado, la dependencia casi absoluta del efectivo para transacciones menores pone en evidencia problemas de acceso: muchas personas no tienen cuentas bancarias, tarjetas, confianza en los sistemas digitales, buena conectividad o suficientes conocimientos tecnológicos. Esto crea una brecha entre quienes pueden aprovechar las ventajas digitales y quienes se quedan en los métodos tradicionales, lo que puede perpetuar desigualdades territoriales, de ingreso o de edad.
Este cambio también supone retos logísticos: mantener infraestructura para distribuir efectivo cuesta al Estado, pero acelerar el retiro prematuro del papel moneda puede dejar fuera a poblaciones vulnerables, como personas mayores, comunidades rurales o sectores informales de la economía.