La Cámara de Diputados analiza una propuesta para incorporar la ludopatía a la Ley General de Salud como un asunto de salubridad general. Con ello, el Estado estaría obligado a desarrollar programas de prevención, diagnóstico y tratamiento dentro de instituciones como el IMSS, ISSSTE y servicios de salud estatales.
De acuerdo con cifras legislativas, alrededor del 3 % de la población adulta en México muestra síntomas compatibles con adicción a los juegos de azar, lo que equivale a casi cuatro millones de personas. La Organización Mundial de la Salud reconoce desde hace años la ludopatía como un trastorno mental que puede derivar en ansiedad, depresión, insomnio, endeudamiento severo, deterioro de relaciones familiares e incluso riesgo suicida.
La propuesta también responde al crecimiento acelerado de plataformas de apuestas digitales y casinos en línea, que han ampliado el acceso al juego en todo el país. El aumento del uso de dispositivos móviles ha facilitado que la población —incluidos jóvenes— tenga acceso constante a aplicaciones de apuestas deportivas, juegos de casino y dinámicas que pueden fomentar conductas compulsivas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha alertado que esta adicción suele avanzar de forma silenciosa y puede tardar años en ser detectada. Entre los síntomas más comunes se encuentran la pérdida de control, el impulso incesante por apostar, el deterioro emocional y la afectación de la vida laboral y económica.
La iniciativa plantea una reforma a los artículos 3 y 73 de la Ley General de Salud y busca que el país adapte su marco legal a la realidad actual, donde el juego ya no se limita a casinos físicos, sino a un entorno digital permanente que opera las 24 horas.
Entre los argumentos presentados se destaca que más de 80 millones de adultos en el mundo padecen ludopatía, según estudios recientes, y que la falta de reconocimiento legal en México ha limitado la creación de programas específicos de atención, pese a las consecuencias sociales y económicas que genera.
El dictamen será discutido en comisiones y posteriormente enviado al Pleno. Legisladores consideran que su aprobación sería un paso clave para atender una adicción creciente que durante décadas ha permanecido en la sombra y sin una estrategia nacional de salud pública.