Durante el último cuarto de siglo, el salario mínimo en México ha tenido un crecimiento acumulado superior al 735%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). En 2000, el salario diario era de 37.90 pesos; para 2025 asciende a 374.89 pesos, un incremento sin precedentes que ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores formales.
Sin embargo, las cifras en el estado de Puebla reflejan que los aumentos salariales no se traducen en bienestar laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, más del 50% de los trabajadores poblanos carecen de prestaciones básicas como aguinaldo, vacaciones o afiliación al IMSS.
Con base en datos oficiales se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación, que 2.1 millones de poblanos trabajan sin acceso a seguridad social ni prestaciones legales. La cifra coloca a Puebla entre los estados con mayor nivel de precariedad laboral del país.
La ENOE reporta que, de los 1.8 millones de trabajadores subordinados y remunerados, seis de cada diez no cuentan con contrato laboral, lo que les impide exigir derechos y acceder a servicios de salud o pensión. En contraste, solo 709 mil trabajadores tienen contrato formal, y menos de la mitad de ellos por tiempo indefinido.
Precariedad laboral femenina
El impacto es aún más severo para las mujeres. Según la misma encuesta, más del 55% de las trabajadoras poblanasestán empleadas en condiciones de informalidad o sin acceso a prestaciones. Su participación laboral se concentra en sectores de servicios, comercio y trabajo doméstico, donde predominan los empleos sin contrato ni seguridad social.
La falta de afiliación limita su acceso a atención médica, licencias de maternidad y protección en la vejez, lo que amplía las brechas de desigualdad y vulnerabilidad económica.
Pese a la recuperación del salario mínimo, los indicadores de informalidad laboral en Puebla se mantienen por arriba del 70%, según el INEGI. Esto significa que siete de cada diez trabajadores operan fuera del marco legal o sin los beneficios que establece la Ley Federal del Trabajo.
Especialistas advierten que mientras la formalización del empleo no acompañe el crecimiento salarial, la mejora en el ingreso seguirá siendo insuficiente para garantizar condiciones laborales dignas.