La informalidad laboral continúa siendo uno de los mayores retos para la economía poblana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el 68.2% de la población ocupada en Puebla trabaja en condiciones de informalidad, lo que coloca al estado entre los diez con mayor proporción de empleo no regulado en el país.
El fenómeno es más marcado entre las mujeres: casi siete de cada diez (69–70%) se desempeñan en actividades sin prestaciones ni seguridad social, frente a seis de cada diez hombres (60–63%). Esta brecha refleja la persistente desigualdad laboral que impacta especialmente a quienes laboran en comercio, servicios y el sector doméstico.
A nivel territorial, el municipio de Puebla capital y Huejotzingo destacan como los que presentan mayor formalidad laboral, gracias a la concentración de empresas, industria manufacturera y servicios profesionales.
En contraste, más de la mitad de los municipios del estado registran niveles superiores al 80% de informalidad, y al menos 24 de ellos operan prácticamente en su totalidad bajo esquemas no formales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía informal en Puebla generó un valor agregado bruto estimado en 280 mil 477 millones de pesos durante 2024, cifra que refleja su enorme peso económico, pero también la falta de aportaciones fiscales y de seguridad social.
Especialistas advierten que, aunque la informalidad “sostiene” buena parte de la economía local, también limita la generación de empleo con prestaciones y debilita las finanzas públicas, al reducir la recaudación y la cobertura de servicios de salud y pensiones.
Durante 2025, la entidad ha registrado una débil creación de empleos formales e incluso pérdidas netas en algunos meses, lo que refuerza la dependencia del sector informal y plantea el reto de impulsar políticas de formalización más efectivas.